Queja contra corralones particulares; CODHEM
Los Reyes La Paz, Méx.-Indaga quejas por actos de rapiña en consorcio de traslado, resguardo y encierro de grúas Moctezuma, Castillo, Tlalpizáhuac y Ramírez la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
El órgano defensor requirió detalles a la Secretaría de Transportes sobre la concesión que otorga el gobierno del Estado de México sobre su legalidad, funcionamiento, además de tarifas mínimas y máximas, maniobras de arrastre, tiempo de espera, depósito y derecho de piso que presta la empresa.
La petición se hizo de manera directa a Fernando Maldonado, titular de la dependencia mexiquense, informó el tercer visitador de la CODHEM, Alejandro Barreto Estévez.
De igual modo la instancia defensora, ha requerido información sobre si la empresa concesionaria está laborando conforme a la ley, pues es una concesión que otorga el gobierno.
“Tenemos muchos problemas con la empresa consorcio de traslado, resguardo y encierro de grúas Moctezuma, Castillo, Tlalpizáhuac y Ramírez”, dijo el representante de de la CODHEM, Barreto Estévez.
Dijo que al parecer existe un contubernio con instancias policiacas las cuales ponen a disposición el vehículo sin causa justificada, probablemente para obtener un beneficio económico.
Expuso que la visitaduría con sede en Los Reyes La Paz que opera en 24 municipios de la región oriente del Estado de México, está llevando a cabo rondines por carreteras federales y la autopista México-Puebla, entre otras para atacar el problema y terminar en la medida de lo posible con una serie de abusos contra particulares.
Recordó que los concesionarios de Grúas han negado el acceso a personal de la CODHEM a los corralones, añadió que recientemente se inició la queja CODHEMLP8352009, de un particular cuyo vehículo fue llevado al corralón al parecer de manera injustificada, “situación que preocupa a la Comisión de Derechos Humanos”.
Un ejemplo lo tenemos con el encierro sin causa justificada de un servidor público del Estado de Jalisco, a quien le pedían 10 mil pesos para liberar su automotor los empleados de concesiones Castillo, principalmente
Los Reyes La Paz, Méx.-Indaga quejas por actos de rapiña en consorcio de traslado, resguardo y encierro de grúas Moctezuma, Castillo, Tlalpizáhuac y Ramírez la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
El órgano defensor requirió detalles a la Secretaría de Transportes sobre la concesión que otorga el gobierno del Estado de México sobre su legalidad, funcionamiento, además de tarifas mínimas y máximas, maniobras de arrastre, tiempo de espera, depósito y derecho de piso que presta la empresa.
La petición se hizo de manera directa a Fernando Maldonado, titular de la dependencia mexiquense, informó el tercer visitador de la CODHEM, Alejandro Barreto Estévez.
De igual modo la instancia defensora, ha requerido información sobre si la empresa concesionaria está laborando conforme a la ley, pues es una concesión que otorga el gobierno.
“Tenemos muchos problemas con la empresa consorcio de traslado, resguardo y encierro de grúas Moctezuma, Castillo, Tlalpizáhuac y Ramírez”, dijo el representante de de la CODHEM, Barreto Estévez.
Dijo que al parecer existe un contubernio con instancias policiacas las cuales ponen a disposición el vehículo sin causa justificada, probablemente para obtener un beneficio económico.
Expuso que la visitaduría con sede en Los Reyes La Paz que opera en 24 municipios de la región oriente del Estado de México, está llevando a cabo rondines por carreteras federales y la autopista México-Puebla, entre otras para atacar el problema y terminar en la medida de lo posible con una serie de abusos contra particulares.
Recordó que los concesionarios de Grúas han negado el acceso a personal de la CODHEM a los corralones, añadió que recientemente se inició la queja CODHEMLP8352009, de un particular cuyo vehículo fue llevado al corralón al parecer de manera injustificada, “situación que preocupa a la Comisión de Derechos Humanos”.
Un ejemplo lo tenemos con el encierro sin causa justificada de un servidor público del Estado de Jalisco, a quien le pedían 10 mil pesos para liberar su automotor los empleados de concesiones Castillo, principalmente
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